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Por Luisina Gala Golosetti. Directora de Gobierno y Participación Ciudadana. Fundación Iniciativa.

Es normal escuchar que hoy vivimos en la “Sociedad de la información”, en la cual las tecnologías facilitan la creación, distribución y manipulación de la información. En este contexto, ya no es aceptable que la información sea un bien reservado para unos pocos. Esto cobra aun mas relevancia respecto a la información en manos del Estado, ya que en un sistema Republicano de Gobierno, la información toma el carácter de un “bien público”, por resultar esencial para que los ciudadanos puedan participar activamente en la marcha de los asuntos públicos, juzgar correctamente la actuación de sus representantes y, eventualmente, hacerlos responsables de los perjuicios que provocaran. A pesar de esto, el Derecho al acceso a la información pública no siempre fue una prerrogativa reconocida por el derecho argentino. A pesar de haber sido protegido en algunas ocasiones por la CSJN (“Asocia- ción Derechos Civiles c/ Estado Nacional” y “CIPPEC c/ Estado Nacional – Ministerio Desarrollo Social – decreto. 1172/03 s/ amparo ley 16.986”) y por la Corte interamericana de Justicia, recién en el año 2003 el decreto1172/2003 consagró el acceso a la información publica en manos del Poder Ejecutivo Nacional. Las limitaciones de esta norma residen en su carácter infra legar, que veda su aplicación al resto de los poderes del Estado. Es por esto, que el dictado de la ley 27.275 (Ley de Acceso a la Información Pública) resulta ser un gran avance en la construcción de un Estado Argentino mas transparente.

Según reza en su articulo uno, el objeto de ésta ley es garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. En este sentido, concibe al derecho de acceso a la información pública como la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los  sujetos obligados que enumera la ley.

Es así que, con el objetivo de proteger ampliamente este derecho, la ley consagra una serie de principios necesarios para la correcta interpretación de la norma. Entre los mismos, podemos encontrar por ejemplo; la presunción de publicidad que supone pública toda la información en manos del Estado; el informalismo que busca facilitar el acceso a este derecho estableciendo que los procedimientos para obtener información deben ser fáciles de observar y ante el incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos no puede negarse la entrega de la información; la gratuidad de la solicitud, a excepción del costo de la reproducción de la información; la apertura de los formatos electrónicos en los que se entrega la información con el objeto de permitir su reutilización o su redistribución por parte de terceros;  la premura de forma tal que la solicitud sea resuelta con la mayor celeridad posible; el máximo acceso que consagra que la información debe publicarse de forma completa, con el mayor nivel de desagregación posible y por la mayor cantidad de medios disponibles; entre otros.

En linea con el carácter de derecho humano de derecho al acceso a la información pública, la ley reconoce que toda persona humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública, por lo que no se le puede exigir a quien solicita la información que acredite derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con patrocinio letrado.

Por el otro lado, ésta norma ofrece una detallada lista de los sujetos que se encuentran obligados a poner a disposición de quien lo solicite la información que tiene en su poder. Algunos de ellos son: La administración pública nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados; el Poder Legislativo; el Poder Judicial de la Nación; el Ministerio Público Fiscal de la Nación; el Ministerio Público de la Defensa; el Consejo de la Magistratura; las empresas y sociedades del Estado; concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos o concesionarios permisionarios de uso del dominio público; organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada a la que se le hayan otorgado fondos públicos; el Banco Central de la República Argentina; etc.

Como bien se sabe, los derechos no son absolutos, y el derecho al acceso a la información publica no es la excepción, por lo que la ley enumera una serie de informaciones que no podrán ser divulgada. Entre las principales podemos mencionar: información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política exterior; la información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario; secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado; información protegida por el secreto profesional; información que contenga datos personales y no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación; información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona; etc.

Conforme a lo establecido en uno de los principios de la ley antes mencionados, el procedimiento de solicitud de información lleva un tramite sencillo. La solicitud debe ser simplemente presentada ante el sujeto obligado que la posea o se presuma que la posee, quien la remitirá al responsable de acceso a la información pública. Se podrá realizar por escrito o por medios electrónicos y sin ninguna formalidad a excepción de la identidad del solicitante, la identificación clara de la información que se solicita y los datos de contacto del solicitante, a los fines de enviarle la información solicitada o anunciarle que está disponible. toda solicitud de información pública requerida en los términos de la presente ley debe ser satisfecha en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros quince (15) días hábiles de mediar circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir la información solicitada. Es importante destacar que el sujeto obligado debe brindar la información  en el estado en el que se encuentre al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligado a procesarla o clasificarla.

En cuanto a la recurribilidad de las decisiones en materia de acceso a la información pública, las mismas son recurribles directamente ante los tribunales de primera instancia en lo contencioso administrativo federal, sin perjuicio de la posibilidad de interponer el reclamo administrativo pertinente ante la Agencia de Acceso a la Información Pública o, a su opción, ante el organismo originalmente requerido.

Con el objetivo de que este derecho sea plenamente operativo, la ley crea dos organismos. Por un lado la Agencia de Acceso a la Información Pública, cuyo fin es velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos en la presente ley, garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y promover medidas de transparencia activa. Y por el otro, el Consejo Federal para la Transparencia que tendrá por objeto la cooperación técnica y la concertación de políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública. Asimismo, se establece que cada uno de los poderes del Estado deberá crear sus propias agencias cuyo funcionamiento deberá ser acorde al de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

Finalmente, la ley hace referencia a la transparencia activa, la cual obliga a los sujetos alcanzados por la presente norma a facilitar la búsqueda y el acceso a la información pública a través de su página oficial de la red informática, de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y procurando remover toda barrera que obstaculice o dificulte su reutilización por parte de terceros. Se incluye un detalle de información mínima  que deberán publicar.

Creemos que esta ley es un gran avance en materia de transparencia en la Argentina, es por eso que esperamos que su implementación efectiva asegure una protección amplia a este derecho humano fundamental. No nos cabe ninguna duda, que la misma va a depender de tres factores fundamentales. La generación de políticas públicas que en la práctica realicen los principios de la nueva norma; la designación de un  titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública a partir de un proceso abierto y participativo en el que se garantice la idoneidad e independencia de su titular; y una reglamentación adecuada de la ley. Resta aún la designación del titular de la Agencia, pero en cuanto a la reglamentación, se abrió hace algunas semanas, una consulta publica on-line en la que los ciudadanos podían realizar comentarios sobre la reglamentación. La misma se cerro hace unos días, y a pesar de que el numero de participantes fue muy chico, creemos que los aportes realizados son muy valiosos. Esperamos que sean tomados en cuenta en el reglamento definitivo.